Madrid es una de las comunidades autónomas con menor número de ataques de toda España. Según los últimos datos registrados, lobos o cánidos silvestres son los responsables de 877 en los últimos cinco años, con una media de 175 ataques anuales.
El incidente con lobos, registrado hace unos días en San Lorenzo de El Escorial, se saldó, como ha denunciado la Unión de Agricultores, Ganaderos y Selvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) con la muerte de 11 corderos, cuatro ovejas y cuatro sementales en cinco ataques registrados en una granja de San Lorenzo de El Escorial.
La especie está fuertemente protegida por la legislación europea. El seguimiento de las poblaciones realizado en 2024 ha permitido detectar la presencia de cinco manadas en la Comunidad de Madrid, con indicios de una sexta, sin constatar la existencia de crías. Se calcula que actualmente suman alrededor de 30.
Díaz Ayuso, quien ha envidado un mensaje de apoyo a los ganaderos afectados, ha asegurado que el Gobierno regional “va a seguir trabajando con ellos para proteger lo que más quieren”. También ha pedido al Gobierno central “que nos escuche, porque sólo controlando la población, en equilibrio, podremos conservarla sin arruinar a familias enteras, personas de bien que van a acabar abandonando el mundo rural, y eso es una pérdida para todos”.
Ayudas a los ganaderos
La Comunidad de Madrid ha anunciado que se van a duplicar las ayudas para que los propietarios de explotaciones de bovino, ovino, caprino o equino en régimen extensivo puedan prevenir ataques. El Ejecutivo autonómico destinará un total de 200.000 euros para que estos profesionales puedan hacer frente a la compra de perros mastines y su manutención, el uso de collares con GPS para las reses o la implantación de pastores eléctricos, cercados fijos o móviles, entre otra actuaciones.
Madrid, han explicado desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, “es una de las regiones españolas que más dinero destina a los daños provocados por lobos, perros asilvestrados o buitres”.
En 2024 se incrementaron las cantidades unitarias por ejemplar fallecido y se amplió la cobertura para financiar los gastos veterinarios cuando el animal sea encontrado con vida. Actualmente esas ayudas van desde 500 a 1.500 euros, en función del tipo de animal y la edad, a los que se suma un 10 por ciento en el caso de razas autóctonas en peligro de extinción o si las explotaciones han tomado medidas preventivas.
Además, se ha reiterado al Gobierno central la solicitud que se hizo a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para que el lobo sea descatalogado del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), modificando su estatuto de protección y, de esta manera, hacer posible el control cinegético de las poblaciones.
El próximo 27 de febrero se reunirá de nuevo la Mesa del Lobo “para buscar su convivencia con las ganaderías en régimen extensivo”, explican. Además, se va a poner en marcha un sistema de comunicación con los propietarios de ejemplares afectados para que conozcan el estado de sus solicitudes de indemnización. Cuando sufran un ataque deben llamar en el plazo máximo de 72 horas al Cuerpo de Agentes Forestales, que activará una patrulla para su inspección in situ, el peritaje y la elaboración de un informe con los datos más relevantes.
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