La Justicia avala el cierre de una cafetería de la calle Real Collado Villalba, denunciada por actividades ilegales
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha ordenado el cierre por un año de una cafetería ubicada en la calle Real que acumula innumerables quejas por parte de vecinos junto con diversas denuncias por parte de Policía Local y Guardia Civil por actividades ilegales.
El área de Urbanismo del Ayuntamiento había tramitado un expediente sancionador -recurrido por la propietaria de la Cafetería- “por la permisión o tolerancia en el consumo de droga”. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso de apelación del Ayuntamiento, ordenando el precinto y “cuantas medidas sean necesarias” para hacer efectiva la clausura, sancionando a su propietaria con la suspensión de la licencia de funcionamiento y el cierre durante los próximos doce meses.
Además, se impedirá “su actividad de referencia, por los agentes de la autoridad, mediante cualquier medio legal que impida la continuación de las mismas”, señalan desde el Ayuntamiento. En el caso de quebrantar los sellos de precinto -como ya ha ocurrido con anterioridad- se dará traslado de los hechos al Juzgado de Primera Instancia o Instrucción, ante la posible comisión de un delito o falta de desobediencia “previstos y penados en el Código Penal”.
En cumplimiento de la legislación vigente, una vez transcurrido el plazo de cierre de un año, la propiedad, para poder abrir nuevamente el establecimiento, deberá tramitar una nueva licencia de apertura.
Denuncia en 2023
El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Collado Villalba abrió en junio de 2023 un expediente sancionador al establecimiento, denominado Cafetería Sancho, en vía administrativa, “por la permisión o tolerancia de actividades ilegales, especialmente el consumo ilícito de droga”, pero éste había sido recurrido por la propietaria ante los tribunales, consiguiendo la suspensión de las medidas cautelares de cierre.
“Muchas personas nos habían transmitido que era un foco de venta de drogas y de todo tipo de sustancias ilícitas. Ahora los vecinos podrán respirar tranquilos gracias a esta noticia. En todo caso, deseo mostrar mi agradecimiento a todas las fuerzas y cuerpos de Seguridad, que han hecho un trabajo excelente”, ha asegurado la alcaldesa, Mariola Vargas.
Según contempla la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, la infracción cometida tiene la consideración de “muy grave”, lo que faculta al área de Urbanismo para optar entre una sanción económica, por importe de 60.000 euros, o el cierre del establecimiento por un año, habiéndose decretado esta última medida “con el fin de primar la salud pública y el bienestar de los vecinos”.
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