Estas penalidades llegan después de que se abriera un expediente en el que se dio trámite de audiencia a la Concesionaria Collado Villalba, responsable del contrato, para responder a lo aflorado en dos informes técnicos periciales que han detectado indicios de incumplimiento de los términos de la concesión en varios puntos, incluyendo el incumplimiento del plan de inversión y mantenimiento previsto, unos ingresos previstos de la explotación de los aparcamientos muy por debajo de lo estipulado en el contrato o una liquidación “incorrecta” del canon.
Se han encontrado, explicaba en el Pleno el concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, “cuatro incumplimientos graves que afectan al incumplimiento de ocho cláusulas del Plan Económico Financiero” de la concesión, lo que motiva la declaración de caducidad del contrato. Además, se impone una multa del 1 por ciento de los ingresos obtenidos por la gestión del aparcamiento, y se pedirán daños y perjuicios por lo cobrado de más, 5,6 millones de euros en total: 742.030 euros por la falta de inversiones, según el Plan Económico Financiero; 423.653 euros por la falta de gastos de mantenimiento; 730.648 euros por el exceso de pago de inflación en relación con la inflación real; y 3.792.943 euros por diferencias entre el canon satisfecho según el Plan Económico Financiero y la realidad económica manifestada en las cuentas anuales de la Concesionaria.
Con esta resolución el proceso para rescindir del contrato no ha hecho más que comenzar. La Concesionaria tiene ahora un plazo para alegar contra la resolución municipal. Si no se llega a un acuerdo el asunto se trasladará al Consejo Económico Consultivo para que emita un dictamen. Pero tampoco se descarta que el asunto pueda acabar en los tribunales.
Una obra polémica
La obra de construcción del túnel de Honorio Lozano-Batalla de Bailén y del aparcamiento, que también llevó asociada una obra de embellecimiento y remodelación de ambas calles en superficie ha estado rodeada de polémica desde que se proyectó y ejecutó, cuando gobernaba el socialista José Pablo González. La consecuencia más importante que tendría para el municipio la rescisión del contrato es que el Ayuntamiento dejaría de pagar el canon anual por la obra, que supone más de 1,8 millones de euros anuales y que, según el contrato firmado en su día, debería pagar hasta 2046.
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