El PSOE de Torrelodones ha denunciado que un año y medio después de que finalizara el plazo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en su momento en solitario por Vecinos por Torrelodones, siguen sin contestarse las alegaciones presentadas por vecinos y entidades, entre ellas las 60 propuestas presentadas por los socialistas.
El Plan General de Ordenación Urbana de Torrelodones se aprobó inicialmente en Pleno el 27 de octubre de 2022, y se sometió a exposición pública hasta enero de 2019. La aprobación inicial contó con los votos favorables de Vecinos por Torrelodones, en contra de Vox y PSOE y la abstención de Ciudadanos y Partido Popular.
En el caso del PSOE, centraron sus críticas al PGOU en torno a varios bloques temáticos entre los que se incluyen, entre otras, cuestiones relativas a movilidad, reservas de suelo, protección de espacios verdes, política de vivienda, incardinación territorial, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, espacios públicos y equipamientos, protección del patrimonio y ordenanzas urbanísticas. El PSOE considera que tiene una especial importancia la batería de alegaciones presentadas, y todavía sin respuesta, a la política en materia de vivienda ya que, señala el portavoz del PSOE, Rodrigo Bernal “Torrelodones se queda sin jóvenes a partir de los 25-30 años”.
“El PGOU lleva año y medio dando vueltas por los despachos del Ayuntamiento sin que ni Vecinos en la pasada legislatura ni el PP ahora hayan respondido a una sola de las alegaciones presentadas, tanto por los partidos políticos, como por ciudadanos particulares”, indica Bernal, quien apunta a cuestiones legales que además podrían afectar a la tramitación.
“La Ley Ómnibus contempla que se permita edificar en espacios protegidos o construir instalaciones hosteleras en vías pecuarias. También se pretende eliminar la obligación de ceder suelo al Ayuntamiento por parte de los promotores urbanísticos para la construcción de dotaciones, como hospitales, parques o centros escolares”, recuerdan los socialistas, que consideran que este asunto “puede desbaratar completamente la arquitectura jurídica sobre la que se construyó el Plan General”.