Collado Villalba solicitó la autorización a finales de noviembre del año pasado, con el objetivo “de reforzar la seguridad en áreas concurridas durante eventos como fiestas patronales, ferias de comercio y mercadillos”. Tras la reunión de la Comisión de Garantías, se les comunicó a mediados de enero, según fuentes municipales, que la solicitud había sido rechazada. Un mes después han conocido los motivos: la Comisión ha pedido al Ayuntamiento justificar la propuesta y aportar datos y estadísticas oficiales de criminalidad para respaldar su petición.
Desde el Ayuntamiento han manifestado su “sorpresa” ante esta decisión, “especialmente considerando que Collado Villalba se posiciona como el cuarto municipio con mayor índice de criminalidad en la Comunidad de Madrid”, indican. De hecho esas 14 cámaras están destinadas “a los puntos más conflictivos” de la ciudad, explica a MasVive la concejal de Seguridad, Yolanda Martínez, quien ha asegurado que insistirán en su petición.
“Son puntos donde sabemos que hay problemas o incidencias, pero los datos concretos de criminalidad no los tenemos porque es Seguridad Ciudadana y eso corresponde a la Guardia Civil”, ha asegurado Martínez, quien ha recordado que esos datos “ya los tiene Delegación de Gobierno”.
Esas 14 cámaras, defienden desde el Ejecutivo, “son una herramienta esencial para prevenir delitos y garantizar la seguridad de los vecinos y comerciantes”, algo que se complementa con la labor policial con perros, drones y patrullas de proximidad. De hecho, forman parte de un proyecto más amplio de instalación de cámaras en las calles de la localidad, 83 en total. Las 69 restantes estarán destinadas exclusivamente a la vigilancia de tráfico, y como tal, no necesitan de ninguna autorización especial. “Ya está el contrato en marcha y tenemos los informes de valoración de las empresas que se han presentado”, ha confirmado Yolanda Martínez.
“Serán cámaras de última generación, con análisis de metadatos, inteligencia artificial y lectores de matrículas, sobre todo para controlar los accesos al municipio”, indica la concejal de Seguridad, y suponen la primera fase de un despliegue más amplio.
Conflicto con Delegación de Gobierno
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de incrementar los efectivos de seguridad en la localidad ya que, aunque se han hecho esfuerzos por reforzar la Policía Local, “no son suficientes” y que es imperativo contar con más agentes de la Guardia Civil patrullando las calles.
La denegación de la solicitud de cámaras ha supuesto un nuevo ‘encontronazo’ entre la regidora y el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre. Este mismo lunes, Vargas ha llamado a Martín para abordar el rechazo a su propuesta y fuentes municipales aseguran que la respuesta del delegado ha sido “despectiva”, calificando el asunto como “no urgente” y tildando a la alcaldesa de “irresponsable”.
Respuesta de la Delegación de Gobierno
Fuentes de Delegación de Gobierno, por su parte, han asegurado a MasVive que con esas palabras a las que aluden desde el Ejecutivo villalbino, el delegado del Gobierno se ha referido no al fondo del asunto sino a la forma en la que la regidora ha tratado de contactar con él justo en el momento en el que estaba entrando en la reunión de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
En cuanto al fondo del asunto, las mismas fuentes han indicado a este medio que la Comisión de Garantías de Videovigilancia acordó denegar la autorización pedida por Collado Villalba “porque la motivación de la petición fue insuficiente y no adecuadamente justificada”.
“La Comisión de Garantías de Videovigilancia está establecida por una Ley Orgánica que preserva las garantías precisas para que la defensa de la seguridad pública mediante sistemas de grabación de imágenes sea compatible con el ejercicio de los Derechos y Libertades reconocidos en la Constitución. Se trata de una Ley muy garantista y la Comisión está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia”, señalan.
“La utilización de videocámaras debe estar regida por el principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad -solo cuando resulte adecuado en una situación concreta para el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana- y de intervención mínima -exige la ponderación en cada caso entre la finalidad y la posible afectación a los derechos al honor a la propia imagen y a la intimidad de las personas-”, continúan las mismas fuentes, que explican que “se exige un razonable riesgo para la Seguridad Ciudadana que, en el caso de este barrio, a priori, parece concurrir”. En este sentido señalan que “nada impide que (Collado Villalba) vuelva a realizar la solicitud en cualquier momento y, si está suficientemente justificada y se cumplen los requisitos establecidos en la Ley, se informará favorablemente”.
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